Los grupos parlamentarios han presentado enmiendas a la ley que busca regular los alquileres de temporada y de habitaciones. Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG presentaron la propuesta y ahora está en fase de ponencia.
PSOE y Sumar acordaron prohibir que los propietarios carguen al inquilino tasas o tributos como el IBI, y además pusieron límites a los precios tanto en alquileres de temporada como en habitaciones.
En cuanto al precio de las habitaciones, PSOE, Sumar, ERC y Bildu firmaron una reforma para que la suma de las rentas de las habitaciones nunca supere el tope establecido para pisos completos. Los arrendatarios tendrán las mismas garantías que si alquilaran un piso entero.
Cuando se trata de grandes propietarios, la renta inicial tendrá que ajustarse al índice de referencia de la Ley de Vivienda.
Sobre los contratos de alquiler de temporada, estos grupos también acordaron limitar su duración a un máximo de 12 meses, y cambiaron la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para que no puedan aparecer nuevas condiciones que permitan al casero cobrar al inquilino cuotas, gastos generales, servicios, impuestos o cualquier otro concepto que no estuviera recogido en el contrato anterior.
Las enmiendas también establecen que los contratos de temporada y de habitaciones tendrán las mismas garantías que los contratos habituales: prohibido cobrar honorarios al inquilino, límites de fianza y precios regulados.
Por otro lado, los alquileres de menos de 31 días se considerarán viviendas de corta duración o turísticas y tendrán que cumplir con los requisitos de registro y las obligaciones de información que marca la normativa europea y nacional.
El contrato de temporada no podrá superar los nueve meses, para que coincida con el año académico. Si dura más de nueve meses o se encadenan más de dos contratos seguidos, el contrato se convierte automáticamente en un alquiler habitual, con todos los derechos y obligaciones que eso implica, incluyendo el plazo mínimo y las prórrogas. Solo se permitirá un alquiler temporal de hasta 12 meses si hay una causa justificada. Si no se justifica o se encadenan contratos temporales con la misma persona, el contrato pasa directamente a tener una duración de cinco o siete años.
Las enmiendas también dejan claro que las comunidades autónomas podrán mantener y desarrollar sus propios derechos civiles y ejercer plenamente sus competencias en vivienda.
Aunque la ley ha avanzado gracias al apoyo de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos, ahora pasa a la Comisión de Vivienda y después al Pleno. Junts podría sumar sus votos a PP y Vox y tumbar la propuesta.
El siguiente paso es que esta proposición de ley siga su trámite parlamentario y se debata en la Comisión de Vivienda del Congreso en los próximos días, en una sesión abierta.