El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha intensificado su acción contra los anuncios ilegales de viviendas turísticas en plataformas como Airbnb. Tras tres resoluciones previas, la Justicia ha avalado su postura: el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó el recurso de Airbnb contra la primera orden, que exigía retirar 5.800 anuncios en seis comunidades autónomas (Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y País Vasco).
Ante este respaldo judicial, la Dirección General de Consumo ha requerido a Airbnb Ireland —encargada de operar en Europa— bloquear 65.935 anuncios identificados como ilegales. Las infracciones incluyen:
1. Falta de número de licencia o registro, obligatorio en varias autonomías.
2. Omisión de la naturaleza jurídica del arrendador (particular o profesional), clave para determinar derechos del consumidor.
3. Uso de números de licencia falsos, lo que podría inducir a engaño.
El Ministerio subraya que ocultar la condición de profesional permite a gestoras evadir responsabilidades, como disponer de servicio al cliente, y aprovechar la preferencia de usuarios por particulares en la economía colaborativa. Actualmente, hay expedientes sancionadores abiertos contra empresas que operan bajo esta práctica.
Esta medida refuerza el compromiso de Consumo con la regulación del sector y la protección de los derechos de los consumidores, asegurando transparencia en un mercado en constante expansión.
