El Congreso ha vuelto a poner en marcha la ley que busca regular los alquileres de temporada y de habitaciones, casi un año después de que la aceptaran a trámite. Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG impulsaron esta propuesta y, finalmente, los diputados han puesto fecha para la ponencia: será el martes 11 de noviembre. Esa primera reunión, a puerta cerrada, servirá para que los grupos parlamentarios empiecen a debatir y modificar el texto con enmiendas.
La espera ha sido larga y no ha pasado desapercibida. El PSOE y sus socios de izquierda han chocado varias veces por este retraso. Sumar y ERC han mostrado su enfado en público y llevan meses pidiendo a los socialistas que aceleren el proceso.
Desde el Ministerio de Vivienda celebran que por fin se mueva la ley. Insisten en que regular los alquileres de temporada y las habitaciones es clave para frenar el fraude que se da con este tipo de alojamiento, sobre todo en las grandes ciudades. La ministra, Isabel Rodríguez, ha pedido a los grupos del Congreso que trabajen juntos para llegar a un acuerdo.
No es la única novedad en el Congreso. Vivienda también ve con buenos ojos que pronto se debata otra propuesta de ERC: un nuevo impuesto para los propietarios con tres o más pisos. Dicen que la fiscalidad es una herramienta fundamental para combatir la especulación y proteger el carácter social de la vivienda.
La ley que se sentará en la mesa plantea una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Busca que los contratos temporales se equiparen a los de vivienda habitual, para así desincentivar su uso, sobre todo en zonas donde los precios están disparados.
Además, los caseros tendrán que justificar por qué el alquiler es temporal y demostrarlo con los mismos requisitos que pide la legislación laboral. Los contratos de temporada no podrán superar los nueve meses, para que encajen con el curso económico. Si se pasan de ese tiempo o se enlazan más de dos contratos seguidos, automáticamente pasarán a considerarse como alquileres de vivienda habitual, con todas las condiciones y garantías que eso implica, incluido el plazo mínimo y las prórrogas obligatorias.