El Tribunal Constitucional (TC) ha respaldado la ley catalana que limita el uso de viviendas para turismo, rechazando un recurso presentado por el PP. La sentencia, apoyada por la mayoría de los magistrados, defiende que estas normas no violan derechos fundamentales como la propiedad privada, y las considera herramientas "necesarias y equilibradas" para preservar el tejido urbano y priorizar el acceso a la vivienda.
Claves de la decisión:
- El TC sostiene que la ley no elimina el derecho de propiedad, sino que lo ajusta a su "función social".
- Busca proteger ciudades de la saturación turística y garantizar viviendas para residentes.
Los ayuntamientos conservan autonomía para otorgar licencias, con un máximo de 10 por cada 100 habitantes.
Celebración en Barcelona:
El alcalde Jaume Collboni calificó el fallo de "victoria para el derecho a la vivienda", destacando que permitirá recuperar 10.000 pisos para uso residencial antes de 2028. Subrayó que esta iniciativa, pionera en Europa, podría inspirar a otras ciudades afectadas por la turistificación y la falta de acceso a viviendas asequibles.
Detalles de la normativa:
Aprobada en diciembre de 2023, la ley incluye:
- Licencias temporales de 5 años para nuevas viviendas turísticas (prorrogables según el urbanismo).
- Un plazo de 5 años para que los propietarios actuales adapten sus viviendas a la normativa.
- Facultad municipal para denegar licencias si se superan los límites establecidos.
Contexto político:
La norma contó con el apoyo de PSC, ERC, CUP y En Comú Podem, pero fue rechazada por JxCat, PP, Vox y Cs. En el TC, dos magistrados mostraron discrepancias, aunque sin afectar el resultado final.
El fallo sienta un precedente en la regulación del turismo y refuerza el papel de las autonomías para equilibrar intereses económicos y derechos sociales.