El Congreso ha tumbado el famoso decreto ómnibus del Gobierno, ese que aprobaron justo antes de Navidad, el 23 de diciembre. Dentro venía de todo: desde la prórroga de la moratoria de desahucios para familias vulnerables, hasta cambios en la plusvalía municipal y deducciones fiscales para quienes rehabilitan viviendas.
La votación ha estado bastante reñida: 178 votos en contra, 171 a favor, ni una sola abstención. PP, Junts y Vox han bloqueado el decreto. Insisten en que estas medidas hay que debatirlas por separado y, sobre todo, se han negado en rotundo a alargar la suspensión de los desahucios. Esa norma sigue ahí desde la pandemia, pero ahora, con este revés, el Gobierno se lleva su primera gran derrota en el Congreso de 2026 y todas las medidas del paquete caen en el acto.
De lo más importante estaba la prórroga de la prohibición de desahuciar a familias vulnerables que no tienen alternativa, por no poder pagar el alquiler, hasta el 31 de diciembre de 2026. También se ampliaba el plazo para que los propietarios pidan compensaciones por el dinero que han dejado de cobrar. Esta suspensión de desahucios se aprobó en 2020, en plena pandemia, y desde entonces se ha ido renovando una y otra vez.
Desde la Plataforma de Afectados por la Ocupación celebran el rechazo del decreto como “una victoria de la seguridad jurídica”, y piden al Gobierno soluciones reales para la vivienda, pero sin cargar el peso sobre los propietarios particulares.
En cambio, la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) cuenta que la derogación tiene consecuencias directas. Por un lado, los propietarios ya pueden pedir que se levante la suspensión de los lanzamientos en el juzgado, aunque todavía hay un plazo máximo de espera para que los servicios sociales encuentren una alternativa habitacional. Además, pueden reclamar hasta febrero de 2026 las compensaciones por el alquiler no cobrado.
Durante el debate, el Gobierno ha prometido 300 millones de euros en ayudas a propietarios por impagos de alquiler y está buscando nuevas fórmulas para mejorar la protección.
Otra parte clave del decreto era la actualización de los coeficientes de la plusvalía municipal. La propuesta penalizaba las ventas de viviendas recién adquiridas, con subidas de hasta el 40% en algunos casos, y rebajaba los coeficientes para quienes mantenían el inmueble muchos años. Al no aprobarse el decreto, los coeficientes que se usarán serán los de 2024.
El paquete también extendía las deducciones en el IRPF para obras de rehabilitación que mejoren la eficiencia energética. Las deducciones iban del 20% al 60% y se ampliaban hasta 2026 para viviendas individuales y 2027 para edificios completos. Desde el sector de la rehabilitación energética avisan de que perder estos incentivos frena proyectos y mete incertidumbre entre propietarios, comunidades y empresas.
Además, el decreto prohibía cortar agua y luz a familias vulnerables y prorrogaba los descuentos del bono social eléctrico. Todo esto también se ha quedado sin efecto.
En temas sociales, el texto incluía la revalorización de las pensiones, el Ingreso Mínimo Vital y otras ayudas, que también caen tras la votación.
Eso sí, que el decreto haya caído no significa que el Gobierno no pueda intentarlo de nuevo. El año pasado, algunas medidas similares acabaron aprobándose más tarde en decretos separados. Parece claro que las que tienen más apoyo - como la revalorización de las pensiones o el bono social eléctrico - volverán al Congreso en las próximas semanas. En cambio, la prórroga de la moratoria antidesahucios lo tiene mucho más difícil, con varios grupos parlamentarios totalmente en contra.
Por cierto, el Congreso sí ha dado luz verde a otro decreto diferente, aprobado ese mismo día. Este mantiene las ayudas al transporte público, crea un abono nominativo de tarifa única y hace gratis ciertos títulos de transporte en Canarias y Baleares.
