El Congreso de los Diputados ha aprobado tramitar una propuesta de ley de Junts para agilizar los desalojos de viviendas ocupadas ilegalmente, reduciendo el plazo a 48 horas. La iniciativa, respaldada por PP y PSOE (con matices), plantea reformas en el ámbito penal y civil para combatir la okupación, un problema crónico en España.
Claves del proyecto de ley
1. Plazos récord para desalojos
- Introducción de una medida cautelar urgente: los juzgados podrán ordenar el desalojo en 48 horas tras una denuncia.
Eliminación de dilaciones por alegaciones de "vulnerabilidad social" por parte de los ocupantes.
2. Cambios en el código penal
- Agilización de juicios por usurpación mediante el procedimiento de juicio inmediato.
- Exclusión del Tribunal del Jurado en casos de allanamiento de morada.
3. Reformas en el ámbito civil
- Simplificación de trámites para recuperar propiedades ocupadas sin contrato.
- Supresión del "incidente de vulnerabilidad económica" que paralizaba desahucios.
PSOE respalda la propuesta, pero anunció enmiendas para "proteger a colectivos vulnerables". PP impulsa su propia Ley Antiokupas (aprobada en el Senado), aún pendiente en el Congreso.
¿Por qué es importante?
Para propietarios es reducción de pérdidas (actualmente, los trámites duran meses). Para mercado inmobiliario es menos riesgo de okupación podría atraer más inversión.
Para sociedad es busca equilibrar derecho a la propiedad (art. 33 CE) y protección social.
ONGs y partidos de izquierda advierten: "El proyecto criminaliza la pobreza en un contexto de crisis de vivienda".
Junts defiende: "La tutela judicial efectiva debe ser rápida. La okupación es un delito, no una solución".
España da un paso firme contra la okupación, pero el debate entre seguridad jurídica y derechos sociales sigue abierto.