El 3 de abril de 2025 entró en vigor la supresión de los visados de inversión, conocidos como golden visa, mediante la modificación de la Ley 14/2013 tras la aprobación de la Ley Orgánica 1/2025. Esta medida elimina los artículos 63 a 67 que permitían a extranjeros no comunitarios obtener residencia mediante inversiones significativas, como la compra de propiedades por más de 500.000 euros.
Creado en 2013 bajo el Gobierno de Mariano Rajoy (PP), el visado buscaba atraer capital extranjero durante la crisis económica. Permitió residencia renovable sin obligación de permanencia física y acceso al espacio Schengen. Entre 2013 y 2023, se concedieron 14.576 visados por compra inmobiliaria, con un pico de 3.270 en 2023. Los principales inversores fueron británicos (post-Brexit), rusos, chinos y latinoamericanos.
El 9,71% de las compras de extranjeros en 2023 superaron los 500.000 euros, concentrándose en Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Baleares y Valencia. En zonas como Marbella o Baleares, estas transacciones representaron hasta el 10% del mercado. La inversión total asociada al programa ascendió a 10.014 millones de euros entre 2016 y 2023.
Contexto internacional y medidas futuras
La decisión española se alinea con países como Reino Unido, Países Bajos o Irlanda, que han eliminado sus programas por preocupaciones de seguridad y transparencia. No obstante, Malta, Grecia e Italia mantienen esquemas similares. Paralelamente, el Gobierno español anunció un aumento de impuestos para compradores extracomunitarios no residentes, pudiendo alcanzar el 100% del valor del inmueble. Además, ERC propuso restringir la compra de viviendas a extranjeros sin cinco años de residencia continuada.
Transitoriedad y renovaciones
Las solicitudes presentadas antes del 3 de abril se tramitarán bajo la normativa anterior, al igual que las renovaciones de visados ya concedidos. En 2024, se registraron 342 golden visa hasta enero, con inversores procedentes de países del Golfo, Europa del Este e Iberoamérica.
Esta medida refleja un giro en la política migratoria y de vivienda, priorizando el acceso a la propiedad para residentes y aumentando el control sobre la inversión extranjera.