Entre finales de 2020 y finales de 2024, la oferta de viviendas en alquiler permanente en España ha registrado una caída del 56%, equivalente a más de 201.000 viviendas desaparecidas del mercado según datos de idealista. Este drástico descenso contrasta con la creciente demanda y los precios récord, dificultando el acceso a una vivienda habitual para muchas familias.

¿Dónde está la oferta perdida? Desmontando el mito del turismo

Aunque frecuentemente se señala a los pisos turísticos y al alquiler temporal como principales responsables, los datos revelan que su impacto es parcial:

El factor determinante: Inseguridad jurídica e intervencionismo

La evidencia apunta a que las políticas regulatorias de los últimos años han generado un clima de incertidumbre que desincentiva la oferta en el mercado tradicional:
1.  Reformas de la LAU (2019): Mayor regulación de contratos.
2.  Prohibición de desahucios a vulnerables: Prolongada desde la pandemia.
3.  Límites a las subidas de alquiler (2022): Primero por la guerra de Ucrania, luego vinculados a índices inferiores al IPC.
4.  Ley de Vivienda (2023): Zonas tensionadas con topes a nuevos contratos.

Estas medidas, diseñadas para aumentar la oferta y moderar precios, han tenido el efecto contrario: menos viviendas disponibles ante una demanda creciente.

Destinos de la oferta "desaparecida"

Frente a esta inseguridad, los propietarios optan por alternativas:
1.  Venta: El mercado de compraventa ha experimentado un auge postpandemia, superando las 600.000 transacciones anuales (datos MIVAU). Una parte significativa del stock perdido podría haberse trasladado aquí.
2.  Viviendas vacías: Muchos propietarios retiran sus propiedades del mercado a la espera de un marco regulatorio más estable. Los datos de viviendas vacías son relevantes (ej: 97.000 en Madrid, 36.300 en Valencia).
3.  Alquiler turístico/temporal: Aunque contribuyen, como se vio, no son la causa principal.

El panorama en las grandes ciudades (2020-2024):

La crisis del alquiler permanente es multifactorial. Si bien el crecimiento del alquiler turístico y temporal es un elemento, la evidencia señala que la inseguridad jurídica generada por la intervención regulatoria es el principal desincentivo para los propietarios, llevándoles a vender, dejar viviendas vacías o cambiar de modalidad.

Las administraciones públicas, en todos los niveles, enfrentan el reto de garantizar el derecho a la vivienda (art. 47 CE) mediante medidas eficaces que restauren la confianza en el mercado de alquiler permanente, evitando que la regulación genere efectos contrarios a los buscados y abordando holísticamente las causas de la falta de oferta.