Sumar llevará al Congreso la semana que viene una propuesta para cambiar la Ley de Vivienda de 2023 y prohibir que fondos de inversión, empresas, fundaciones o cualquier persona jurídica compren casas en España.
Alberto Ibáñez, el portavoz de Vivienda de Sumar y diputado de Compromís, ya había anunciado esta iniciativa en abril. Lo hizo para intentar frenar la especulación inmobiliaria. Pasaron más de siete meses desde que la registraron, pero ahora el Pleno del Congreso por fin debatirá la propuesta, según aparece en el borrador del orden del día recogido por Europa Press.
La idea de Sumar es clara: la vivienda está pensada para personas físicas, para quienes realmente viven y disfrutan una casa. Según el grupo, que las personas jurídicas sean dueñas de viviendas no responde a ese derecho de uso y disfrute, sino que convierte la vivienda en un simple producto de inversión para ganar dinero.
Por eso Sumar defiende reformar la Ley de Vivienda y cortar de raíz la especulación. Quieren limitar el traspaso de viviendas, ya sea por venta o regalo, solo a personas físicas. Las personas jurídicas solo podrían ser dueñas de inmuebles que no sean residenciales, es decir, aquellos dedicados a actividades económicas.
Ibáñez defendió la propuesta diciendo que es sencilla, perfectamente constitucional y que encaja con la normativa europea. Confía en que haya suficiente apoyo en el Congreso para que la iniciativa siga adelante y la califica incluso de “conservadora”.
A Ibáñez le gustaría ir más lejos y abrir el debate sobre cuántas casas puede tener una persona, pero reconoce que en el Parlamento no hay acuerdo sobre eso. Aun así, cree que sí existe una mayoría, desde la extrema derecha hasta la izquierda, que quiere poner límites a la especulación que hacen las empresas y los fondos con la vivienda.
“Estoy convencido de que el PNV y Junts estarán cómodos diciendo adiós a los fondos buitre, así que creo que la propuesta puede contar con esa mayoría parlamentaria”, afirmó Ibáñez.