Cataluña avanza hacia un endurecimiento de las normas sobre el alquiler de corta duración. El decreto 2/2025, actualmente en trámite parlamentario, prevé extender las disposiciones de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) —control de precios, protección del inquilino— a contratos no vacacionales (por motivos laborales, educativos o médicos). El objetivo es aliviar la presión del mercado de la vivienda, pero el resultado podría ser el contrario.
¿Cuál es el problema?
Las medidas restrictivas, en lugar de fomentar la oferta, suelen fracasar: el mercado encuentra resquicios legales. Parte de los propietarios se retirará por la inseguridad jurídica, pero sus inmuebles no volverán al mercado de alquiler convencional. Los operadores que permanezcan se profesionalizarán aún más, y el mercado se concentrará en pocas manos, aumentando así los beneficios de unos pocos.
El futuro: gestoras profesionales y contratos complejos
Surgirán empresas dedicadas a gestionar el alquiler de corta duración, asumiendo riesgos legales mediante contratos innovadores (no meramente de “alojamiento a cambio de pago”). Estas compañías captarán la mayor parte del beneficio, basándose en el principio de libertad contractual del Código Civil.
La regulación no devolverá las viviendas al alquiler tradicional. En cambio, el mercado se volverá más profesional, con menos actores y una mayor concentración de ingresos. Como en economía: poner vallas raramente cambia el sentido del juego.